El pasado día 26 de julio fue violentamente asesinado el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a la comunidad nahua de Santa María de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, y coordinador, hasta su muerte, de la comisión especial que la asamblea general de comuneros nombró en abril de este año para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras que nuestra comunidad tiene en litigio desde hace cuarenta años con acaudalados rancheros mestizos de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán. Como una señal ominosa su cuerpo apareció en la playa del Océano Pacífico conocida como “Las Peñas”, uno de los parajes que conforman las más de mil hectáreas que nuestra comunidad reclama.
Las comunidades nahuas de Santa María de Ostula, San Pedro El Coire y Pómaro, éstas últimas también del municipio de Aquila, con un territorio continuo superior a las 200 mil hectáreas, son propietarias y poseedoras ancestrales de la mayor parte de las tierras que en el estado de Michoacán lindan con el Océano Pacífico; y sus montes, enclavados en la Sierra del Sur que llega hasta Guerrero y Oaxaca, contienen vastas reservas de diversos minerales codiciados por empresas nacionales y extranjeras.
En dicho contexto nuestra comunidad ha resistido exitosamente en los últimos años la imposición de diversos proyectos gubernamentales como el PROCECOM, la certificación de plantas y conocimientos tradicionales y la incorporación de sus aguas y zonas costeras al régimen federal de concesiones; asimismo ha frenado las pretensiones de la compañía trasnacional HYLSA/TERNIUM –actualmente establecida en la comunidad indígena de Aquila- y de otras empresas mineras por explorar y explotar los minerales contenidos en sus tierras. Por otro lado nuestra comunidad ha participado con amplias delegaciones en los Congresos Nacionales Indígenas realizados en 1996, 1998, 2001 y 2006; y en el marco de la Otra Campaña recibió en su seno a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la primavera de 2006.
En los últimos meses el Tribunal Unitario Agrario Número Treinta y Ocho, con sede en la Ciudad de Colima, y el Tribunal Superior Agrario, han dictado sentencias a favor de los rancheros de La Placita dentro del expediente 78/2004 que desconocen los derechos históricos y legalmente confirmados que nuestra comunidad tiene sobre la franja de terrenos en litigio. Dicha porción de tierras es la puerta de entrada al territorio nahua de Michoacán, razón por la que en dichas tierras diversas personas y empresas pretenden desarrollar proyectos que tienen como finalidad iniciar el despojo de nuestros territorios.
En dicho sentido y con la finalidad de deslindar responsabilidades exigimos se aclare el cobarde asesinato del profesor Diego y se establezcan las causas reales de su muerte. Asimismo exigimos del gobierno en todos sus niveles el respeto a nuestros derechos territoriales ancestrales y llamamos a los pueblos indígenas y organizaciones solidarias a estar alertas con relación a cualesquier agresión que pudiera darse en contra de nuestra comunidad por la determinación que ha tomado de ejercer sus derechos sin necesidad de pedir permiso a nadie.
Santa María de Ostula, a 02 de agosto de 2008.
ATENTAMENTE,
LAS AUTORIDADES AGRARIAS, CIVILES Y TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA DE OSTULA
El 30 de junio de 2008, el presidente George W. Bush firmó y convirtió en ley la Iniciativa Mérida—mejor conocida como Plan México—unos días después de que el Congreso de EEUU la aprobara como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. La medida tuvo que adoptar varias versiones preliminares antes de que ambas cámaras finalmente la aprobaran, mientras legisladores iban y venían entre la administración Bush y el gobierno del presidente de México Felipe Calderón para resolver objeciones ahora centradas en los derechos humanos.
En la versión final, aun las débiles condiciones que se habían incorporado a la iniciativa quedaron eliminadas. Ambos gobiernos se proclamaron satisfechos con el acuerdo, y el Congreso saludó una nueva era de colaboración binacional. Pero ahora, con los derechos humanos relegados a la cuneta, la sociedad Mexicana y las relaciones México-Estados Unidos encaran un futuro militarizado donde el poder no acotado de unas fuerzas de seguridad ya abusivas, no resuelve la alarmante violencia del crimen organizado, sino antes bien, se añade a ella y la agrava.
En su primera entrega, el paquete de asistencia final, de $400 millones de dólares, difiere poco en contenido y concepto de la versión original que Bush presentó el 22 de octubre del año pasado. De acuerdo con la propuesta de Bush y la autorización de la Cámara de Representantes, el paquete entero de tres años podría distribuir hasta $1,600 millones de dólares a México, Centroamérica y El Caribe para su inversión en asistencia para seguridad y el diseño y aplicación de medidas antinarcóticos, antiterrorismo y para reforzar la seguridad fronteriza.
México y Estados Unidos enfrentan el desafío compartido de disminuir el crimen organizado trasnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho y detener el tráfico de drogas ilícitas y de armas en la frontera. Pero en su prisa por incorporar el Plan México a la iniciativa para asignar fondos suplementarios a Irak y demostrar su apoyo a México a los votantes latinos, muchos legisladores pasaron por alto los detalles específicos del Plan. La iniciativa contiene defectos estratégicos fatales. Su enfoque militar para resolver la lucha antidrogas provocará una escalada de violencia relacionada con las mismas, además de abusos contra los derechos humanos, y desembocará en la incapacidad de alcanzar sus propios objetivos.
Aunque se la presenta como un esfuerzo sin precedentes por combatir el extendido narcotráfico y la violencia ligada al crimen organizado en México, la llamada “Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional” rebasa por mucho la detención del flujo de drogas ilícitas. En lo fundamental, reestructura la relación binacional entre Estados Unidos y México; cambia la naturaleza de los problemas económicos y sociales presentándolos como asuntos de seguridad; y militariza a la sociedad mexicana.
Debido a los cambios realizados para lograr la aprobación del Plan, ahora deberemos esperar el informe de gastos de la Secretaría de Estado de EEUU a mediados de agosto para conocer los detalles exactos de gran parte del mismo. Conforme a la versión original de Bush, más de la mitad de la asistencia se destinaba a los efectivos militares y policíacos mexicanos con $205 mil millones de dólares solamente para el ejército. En la versión aprobada por el Congreso, la ayuda militar se redujo a $116,500 millones de dólares este primer año, lo que podría significar ya sea que se demorará la entrega de uno de las dos aeronaves de patrullaje marítimo de $50 millones de dólares cada una, y de algunos helicópteros patrulla de $13 millones de dólares cada uno, o que un porcentaje mayor de la asistencia se dará a las policías, o una combinación de ambas medidas.
La reducción de ayuda militar implicará una diferencia mínima en la práctica. Tanto el ejército como las policías han sido acusados de violaciones a los derechos humanos bien documentadas pero no resueltas legalmente. Al mismo tiempo, no se destina dinero alguno, en ninguno de los dos países, al tratamiento para la rehabilitación del uso de drogas ni para mitigar los daños que ellas provocan, y el colosal programa de “cooperación” ignora los graves problemas que existen dentro de Estados Unidos, es decir, ingreso de drogas ilícitas, florecientes venta y consumo de las mismas, tráfico de armas transfronterizo y lavado de dinero.
Este paquete asistencial ubicaría la relación binacional de Estados Unidos con uno de sus aliados más cercanos y sensibles dentro de una esfera de problemas de seguridad vagamente definidos. Si bien ordena un aumento formidable de ayuda a México, no incluye fondos para lidiar, por fin, con las necesidades de desarrollo y la alarmante pobreza de nuestro vecino del sur. Asimismo obliga a la administración entrante a proseguir la desastrosa estrategia antiterrorista de Bush compuesta de “diplomacia de cañón y primeros golpes”, y aplicarla en una nación vecina, justo cuando el público estadounidense está exigiendo un cambio de política exterior.
Ahora los miembros de grupos pro derechos humanos tanto en México como en Estados Unidos se ven sin más opción que supervisar los resultados de esta política equivocada. Esta labor debería llevarse a cabo con la mayor participación posibles de la ciudadanía, de tal manera que cuando llegue el momento de renovar asignaciones de fondos para el Plan México, éste sea evaluado con base en resultados reales y no en extravagancias políticas. Los congresos mexicano y estadounidense deben también insistir en que la estrategia de seguridad que esta asistencia apoya se evalúe sometiéndola a criterios específicos de revisión.
Para iniciar un debate público sobre los riesgos inherentes al Plan México, es importante en primer lugar comprender lo que es.
A LA COMANDANCIA GENERAL DEL E.Z.L.N. A LA COMISIÓN SEXTA DEL E.Z.L.N. AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA A LA OTRA CAMAPAÑA NACIONAL A LA OTRA INTERNAZIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.
Hermanos y Hermanas:
El pasado 7 de Marzo del presente año en un acto de provocación y despojo, el Gobierno del Estado invadió el terreno denominado “Copxanaru” , terreno comunal que esta en posesión de mi familia y ubicado en la comunidad de Nurío, territorio del pueblo p’urhpecha, dentro de la construcción de la carretera que va de Nurío-Urapicho, dañando de esta forma mas de ochenta árboles que fueron sembrados hace de nueve años, y que habían estado bajo el cuidado y protección de mis nietos, nietas, hijos e hijas, esposa y madre .
Esta obra carretera esta bajo la responsabilidad del gobierno del Estado y la Junta de Caminos y Carreteras, y que jamás fuimos notificados, ni nos tomaron parecer de la acción que hicieron, siendo además el único predio que fue dañado con la destrucción de los arbolitos, cuando sí existía la manera de que fueran salvados, pero de manera arbitraria y provocativa cometieron este acto criminal.
Esta acción se suma a la política que ha tenido el mal Gobierno de Estado, tanto en este periodo como el anterior, hacia la comunidad de Nurío, donde a buscado a toda costa desaparecer el trabajo de lucha y dignidad que hemos tenido como pueblo indígena que somos. El arrebato por parte del gobierno estatal de espacios y proyectos que venían siendo construidos desde abajo, con el trabajo comunitario y apoyo solidario de la sociedad civil nacional e internacional, como es el caso del albergue y la misma secundaria. Lugar donde se llevo acabo el III congreso del CNI en el 2001, dentro de la Marcha del Color de la Tierra, contando con la presencia del la Comandancia del E.Z.L.N. y los pueblos indios del país, así como miles de acompañantes de la sociedad civil nacional e internacional.
Este espacio que estaba destinado para un proyecto cultural y educativa para los pueblos indios del país y el mundo, con el compromiso de hacer posible la construcción de un proyecto alternativo para nuestros pueblos que han resistido durante siglos el despojo y el desprecio de los poderosos, de recuperar la memoria de lo que somos, pueblos primeros de estas tierras, partiendo de la educación verdadera, la de los conocimientos de nuestros padres, madres, abuelas y abuelos.
Pero el mal gobierno bajo el chantaje y la coptación se apropió de este espacio incorporándolo al sistema estatal de albergues y espacios educativos de la secretaria de educación en el estado, pretendiendo borrar de esta manera el referente de lucha de los pueblos indios y la lucha digna del movimiento zapatista.
Por igual el mal gobierno ha venido bloqueando la lucha autonómica de la comunidad, manejando a su antojo con proyectos que en nada han beneficiado a la población, mediatizando de esta forma el trabajo organizativo de la comunidad; confundiendo, manipulando y desprestigiando así las luchas históricas que se han tenido por la reivindicación de sus tierras y territorios, de su cultura y de las formas organizativas de la comunidad.
Con esto queremos aclarar que no nos intimidan sus acciones y que hacemos responsable de este hecho criminal al mal gobierno que encabeza el perredista Leonel Godoy, así como de lo que pueda suceder en el presente y en el futuro a mi persona y a mi familia.
Queremos decir también que Nurío seguirá siendo referente lucha para todos los que seguimos en el camino de la dignidad, de la resistencia y la rebeldía, de los que seguimos en la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los hermanos zapatistas.
La Patrulla Fronteriza en San Diego justificó los ataques con gases lacrimógenos a comunidades del lado mexicano, al argumentar que los oficiales “no disparan contra un vecindario”, sino contra “traficantes y delincuentes que ahí se esconden”.
Wendi Lee, vocera de esa corporación en San Diego dio a conocer que los elementos a su cargo sólo “disparan contra “traficantes y delincuentes que se esconden en esos vecindarios”.
Por su parte, el gobierno mexicano, por medio del consulado en San Diego, solicitó a autoridades de la Patrulla Fronteriza en ese sector que eliminen de sus prácticas el lanzamiento de gas lacrimógeno contra localidades de la ciudad de Tijuana.
Desde hace varios meses han ocurrido de manera periódica acciones en las que elementos de esa corporación policiaca disparan comprimidos de gas a la colonia La Libertad Parte Alta, en la fronteriza ciudad de Tijuana, en respuesta a presuntas agresiones con piedras a sus oficiales.
El último de estos incidentes se dio el pasado fin de semana, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra vecindarios ubicados en la parte mexicana. El joven Cristian Saldaña, de 15 años de edad, que se encontraba en la avenida Internacional de Tijuana, resultó con heridas en el rostro a consecuencia del impacto de una bala de goma.
Inclusive, vecinos del lugar afectado han denunciado que en varias ocasiones los agentes fronterizos han causado daños a viviendas, generando incertidumbre y miedo entre los colonos.
Los hechos ocurrieron a pesar de que el gobierno mexicano había presentado una protesta oficial.
En las semanas recientes he detectado, lo mismo que las alarmadas familias vecinas, que mi casa en San Cristóbal de las Casas es rondada y vigilada por desconocidos que huyen al ser interpelados, y siempre llevan consigo cámaras fotográficas (o algo parecido). Esos sujetos, siempre vistiendo camisas deportivas como de equipo de futbol, no tienen ninguna justificación para ingresar reiteradamente en mi jardín.
En otras ocasiones, también en semanas recientes, me han seguido vehículos hasta la puerta, para retirarse de inmediato. O bien, hay individuos en motocicleta “casualmente” estacionados en la entrada del callejón donde vivo.
¿Me espían, me vigilan, o qué? ¿Quiénes son? ¿A eso debemos acostumbrarnos los periodistas como “gajes del oficio” en la nueva “normalidad democrática”?
A la comunidad de la ENAH
A los radioescuchas y usuarios de la comunidad sonora
A los medios de comunicación libres e independientes
A las organizaciones de derechos humanos
En estos momentos el colectivo radiozapote se encuentra amenazado de desalojo, siendo propicio para ello la decisión de imponer un nuevo director de la ENAH, afín a los intereses del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Alfonso de María y Campos, justo al iniciar el periodo vacacional en la escuela.
Estos hechos se presentan en un contexto nacional de transformación de las circunstancias sociales, que permiten el desarrollo de los intereses del golpista gobierno actual hacia la venta de recursos nacionales. Con la decisión de imponer a quien no ganó en las urnas, se ha creado un contexto en que se han agudizado, de manera brutal, la persecución y hostilidades contra los sectores críticos o disidentes a las políticas oficiales. La persecución también se dirige contra los medios informativos independientes, libres y comunitarios, así como a las instancias de defensa de los derechos humanos y activistas de diversas organizaciones y colectivos. El pequeño sector que el
director del INAH pretende imponer, espera que una vez más la comunidad de la ENAH acepte sus condiciones, pasando por encima de las necesidades y procesos locales de elección y resolución de conflictos. El proyecto de radiozapote se ha manifestado públicamente en contra de estas prácticas discresionales e ilegales.
Múltiples voces nos han advertido de la posibilidad de un desalojo violento de las cabinas de radiozapote. Durante este año nuestro medio ha reportado constantes amenazas de cierre y desalojo hacia instancias y proyectos culturales independientes en la Ciudad de México, el espacio Chanti Ollin, el centro cultural La Pirámide, Regeneración Radio, la Ke Huelga, sólo por mencionar los casos cercanos en el D.F. Sin embargo, también hubo casos a nivel internacional. Hemos decidido tomar en serio estas advertencias y por ello lanzamos esta alerta, para que se conozca nuestra situación y las resoluciones que tomamos en estos momentos:
1- Decidimos permanecer en nuestro espacio, con vigilancia y trabajo constante en él, de manera continua y cotidiana durante el periodo vacacional, para posteriormente, dar a conocer a la comunidad de la ENAH nuestra postura respecto de la administración entrante.
El 22 de diciembre de 1997 en un campamento de refugiados denominado Los Naranjos, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre en la que perdieran la vida 45 indígenas tsotsiles -más 4 niños aún no nacidos-, pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, a manos de un grupo paramilitar mientras oraban en la ermita de ese lugar. Este crimen que ha sido llamado por propios y extraños como la Masacre de Acteal, ha dejado una huella de dolor en la conciencia de la humanidad.
San Cristóbal de las Casas, Chis. 21 de diciembre. Algo oscuro se cierne sobre las comunidades zapatistas, a juzgar por las señales recientes. A los movimientos inusuales del Ejército en diversas regiones se suma la más inusitada pasarela a la que fueron sometidos por el gobierno de Chiapas los líderes priístas del ejido Agua Azul, en un acto “de entrega de armas” con bombo y platillo para dar a entender que “no son paramilitares”, como se ha denunciado reiteradamente o, en todo caso, “ya no tanto”.
Apenas la semana pasada, un destacamento del Ejército incursionó en el municipio autónomo Miguel Hidalgo con la intención de crear un campamento entre dos comunidades, en la serranía entre Comitán y San Cristóbal de las Casas. Los soldados dijeron que buscaban “armas y plantíos de droga”, y que podrían catear las casas de los indígenas. Ante el decidido rechazo de los campesinos, los soldados optaron por retirarse.
Aparte del incremento de patrullajes militares en las cañadas de Ocosingo y la zona norte, destaca la construcción acelerada de las carreteras que llevan a Roberto Barrios, La Garrucha, la cañada de Las Margaritas y las cercanías de Montes Azules, que estarán concluidas pronto. En cada uno de esos accesos se trabaja a marchas forzadas desde semanas atrás con decenas de camiones y maquinaria pesada. Como que de pronto les entró la prisa.
A diez años de la masacre de Acteal, aun no se tiene justicia. Mas aun, el gobierno hace lo posible por re-escribir la historia y presentarlo como un incidente entre comunidades indígenas. A continuación les presentamos un magnifico reportaje que realizo el reportero Hermann Bellinghausen (en La Jornada), donde se presenta los verdaderos acontecimientos.
La Otra Campaña nació de la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, y es una iniciativa civil y pacífica, de
organización y movilización nacional, de izquierda y
anticapitalista, que busca unir todas las luchas del
México de abajo, del México humilde y sencillo,
trabajador y honesto, digno y rebelde.
